La Justicia Chubut aplicó de forma efectiva la legislación nacional que permite expulsar del país a personas extranjeras condenadas por delitos graves.
La medida, dispuesta por la jueza de Ejecución de Puerto Madryn, Dra. Carla Jesica Yamila Flores, alcanza a J.R.M.C., de nacionalidad boliviana, condenado a ocho años de prisión por delitos sexuales cometidos contra una menor de edad.
El hombre, que residía en el barrio Pujol II de esta ciudad, fue hallado culpable de abuso sexual simple agravado por la convivencia, abuso sexual con acceso carnal y abuso sexual simple, en un juicio unipersonal presidido por la jueza penal Patricia Encarnación Reyes. La sentencia fue dictada en abril de 2024.
La decisión de la Dra. Flores se apoya en la disposición de expulsión emitida por la Dirección Nacional de Migraciones en marzo de este año, que canceló la residencia permanente del condenado y prohibió su reingreso al país de forma permanente. Esta resolución administrativa fue evaluada por la magistrada y considerada firme, al no haber sido recurrida por el imputado ni por sus defensores.
De acuerdo con lo establecido en la Ley de Migraciones N° 25.871, en su artículo 64, y con los requisitos de ejecución penal previstos por la Ley N° 24.660, el condenado cumplió el tiempo mínimo requerido para ser expulsado en lugar de continuar su detención en el país.
Cabe recordar que hace apenas unos meses, la misma jueza dispuso la expulsión de dos ciudadanos chilenos detenidos tras un raid delictivo en la Patagonia, quienes contaban con frondosos antecedentes penales.
A partir de esta resolución, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut recomendó a todas las jurisdicciones de la provincia revisar las situaciones de personas extranjeras detenidas que podrían encontrarse en condiciones legales de ser expulsadas, en cumplimiento de normativas que hasta ahora habían sido subutilizadas.
La jueza Flores resolvió además diferir la extinción de la pena hasta el año 2029 —fecha prevista para el cumplimiento total de la condena— y notificó a las fuerzas federales y organismos de frontera para que impidan cualquier intento de reingreso del expulsado al país. En caso de violar esta restricción, M.C. deberá volver a prisión para continuar cumpliendo su condena.
La resolución judicial también ordena coordinar con INTERPOL y las autoridades migratorias para que el condenado sea entregado a las autoridades del Estado Plurinacional de Bolivia, una vez concretado su traslado.
Este fallo vuelve a marcar un precedente relevante en la ejecución de penas y la aplicación del régimen migratorio argentino. La jueza Flores utilizó herramientas legales vigentes desde hace más de una década pero poco aplicadas en la provincia. Su actuación pone de relieve el rol que puede tener el fuero de ejecución penal en la articulación de justicia, derechos humanos y política migratoria.
