Entre miércoles y jueves se realizaron seis procedimientos de allanamiento en distintos sectores de Puerto Madryn, en el marco de investigaciones por diferentes episodios en los que se utilizaron armas de fuego.
Los procedimientos no están vinculados entre sí y forman parte de causas independientes que buscan identificar y reunir elementos de prueba sobre los responsables de distintos ataques.
Uno de los hechos investigados ocurrió en inmediaciones del sector de las Casitas Tuteladas, donde un joven fue atacado con disparos y los investigadores lograron identificar a dos personas presuntamente relacionadas con el episodio. En ese marco se realizaron tres allanamientos: dos en el barrio 630 Viviendas y otro en Pujol II.
Otro de los procedimientos estuvo relacionado con un ataque ocurrido durante la noche del sábado, también con utilización de un arma de fuego.
Si bien en estos seis allanamientos no se localizaron las armas buscadas, los investigadores secuestraron distintos elementos que pueden resultar relevantes para avanzar en la identificación y vinculación de los autores con los hechos: prendas de vestir, un casco y otros elementos que coincidirían con registros de cámaras de seguridad incorporados a las investigaciones.
Un aspecto para destacar en este tipo de investigaciones es el trabajo conjunto entre quienes realizan las tareas de campo, la Fiscalía y el Poder Judicial. Se trata de causas particularmente complejas, en las que muchas veces no existen denuncias directas o personas dispuestas a brindar información, por lo que la investigación requiere reunir distintos elementos antes de solicitar medidas judiciales.
En ese sentido, los procedimientos contaron con la intervención de los fiscales Dres. Cristian Coto y María Eugenia Vottero, y con las autorizaciones judiciales de los doctores Horacio Yangüela y Yamila Flores.
Más allá de los resultados concretos de cada allanamiento, estas medidas permiten avanzar en la reconstrucción de los hechos y en la identificación de quienes podrían estar involucrados, siempre dentro del marco de las investigaciones judiciales correspondientes y respetando las garantías del debido proceso.
El trabajo coordinado entre Policía, Ministerio Público Fiscal y Poder Judicial resulta fundamental para que las investigaciones puedan avanzar, especialmente en aquellos hechos vinculados con el uso de armas de fuego.
