La Subzona Franca de Trelew vuelve a ocupar el centro de la escena con anuncios de inversiones, nuevas plantas pesqueras y cientos de puestos de trabajo.
Pero esta vez vale la pena mirar el tema desde otro lugar: qué dice la normativa, qué beneficios reciben las empresas y cuánto pone el Estado para que el proyecto funcione.
Porque detrás de los anuncios hay una estructura legal concreta.
Trelew cuenta con un Anexo de la Zona Franca de Comodoro Rivadavia, incorporado al régimen nacional, con una superficie prevista de 165 hectáreas. Allí pueden desarrollarse actividades de depósito, industrialización y servicios, aunque su funcionamiento bajo el régimen de zona franca requiere la correspondiente habilitación aduanera.
En mayo de 2025, además, el Municipio de Trelew sancionó una ordenanza mediante la cual cedió con cargo a la Provincia terrenos para el desarrollo del Anexo. La superficie efectivamente transferida ronda las 72,5 hectáreas.
Y ahí aparece un primer interrogante que merece explicación: ¿cómo se relacionan esas aproximadamente 72,5 hectáreas cedidas por el Municipio con las 165 hectáreas que figuran en la normativa nacional?
No es el único punto para mirar.
Las empresas que se anuncian para el predio acceden a un régimen que contempla importantes beneficios aduaneros y fiscales. Según las normas vigentes, existen exenciones vinculadas con derechos de importación y exportación y, en el ámbito provincial y municipal, beneficios sobre Ingresos Brutos, Sellos y determinados tributos y tasas.
Pero una zona franca no significa simplemente «no pagar impuestos».
El régimen establece reglas específicas para el ingreso y egreso de mercaderías y, por ejemplo, cuando una mercadería sale de la zona franca hacia el territorio aduanero general, recibe el tratamiento correspondiente a una importación.
Por eso también hay que preguntarse qué tipo de producción se realizará, cuánto se exportará y qué tratamiento tendrá lo que eventualmente se destine al mercado argentino.
Mientras tanto, el Estado también está poniendo recursos para desarrollar la infraestructura necesaria: cerramiento, accesos, balanza, instalaciones para Aduana y otros servicios.
Entonces aparece una pregunta que hasta ahora quedó bastante tapada por los anuncios:
¿Cuánto pone el Estado y qué recibe a cambio?
Porque la Municipalidad aporta tierras. La Provincia ofrece beneficios fiscales y financia infraestructura. La Nación aporta el régimen aduanero.
Del otro lado, las empresas anuncian inversiones y puestos de trabajo.
La cuestión es saber cuáles de esos anuncios son compromisos contractuales concretos y cuáles son solamente proyectos o proyecciones empresariales.
No es lo mismo anunciar una inversión de 15 millones de dólares y 400 empleos que asumir formalmente la obligación de realizar esa inversión y generar esos puestos de trabajo.
Tampoco es lo mismo que una empresa tenga un lote reservado, que esté construyendo una planta o que ya esté efectivamente operando bajo el régimen de zona franca.
Por eso, más que discutir si la Subzona Franca de Trelew es una oportunidad o una promesa, hay una pregunta mucho más sencilla:
¿Qué dicen los papeles?
Cuánto valen las tierras cedidas. Cuánto invierte el Estado. Quién administra y explota el área. Cuánto pagan las empresas por utilizarla. Qué beneficios fiscales reciben. Qué inversiones están formalmente comprometidas. Cuántos puestos de trabajo son obligación y cuántos son una proyección.
La Subzona Franca de Trelew puede convertirse en una herramienta importante para generar actividad y empleo.
Pero para saberlo, más que los anuncios, hay que mirar los contratos, las resoluciones, los expedientes y los números.
Y ahí habrá que poner la lupa.
